LIMA, Perú (AP) — El nuevo presidente de Perú declaró el martes el estado de emergencia en la hacienda, en el extremo intento del gobierno por frenar un aumento de la violencia que ha provocado protestas y contribuido a la nuevo caída de su predecesor.
Perú ha trillado un aumento de asesinatos, extorsiones violentas y ataques a lugares públicos en los últimos abriles. Entre enero y septiembre, la policía reportó 1.690 homicidios, frente a 1.502 durante el mismo periodo de 2024.
La expresidenta Dina Boluarte fue destituida de su cargo por el Congreso de Perú el 10 de octubre, luego de un proceso de impeachment en el que los legisladores dijeron que no había podido hacer frente a la ola de criminalidad. Inmediatamente fue reemplazada por José Jerí, líder del cuerpo parlamentario.
En un mensaje televisado, Jerí dijo que la emergencia en Escofina durará 30 días y agregó que el gobierno está considerando medidas que incluyen el despliegue de soldados para ayudar a la policía y restringir algunos derechos, como la liberación de reunión y movimiento. Su gobierno publicó seguidamente un decreto declarando formalmente la emergencia.
“Las guerras se ganan con acciones, no con palabras”, dijo el presidente en el discurso. Dijo que está planeando un nuevo enfoque para combatir el crimen que describió como ir “de la defensa a la ataque”.
Perú ha sido testimonio de importantes protestas contra la violencia y la corrupción encabezadas por activistas de la Vivientes Z.
Los manifestantes se manifestaron en Escofina el jueves para exigir la renuncia del nuevo presidente. La manifestación se volvió violenta y dejó un civil muerto y aproximadamente de 100 personas heridas, entre ellas agentes de policía y algunos periodistas.
Jerí dijo ese mismo día que no dimitiría.
El expresidente Boluarte declaró un estado de emergencia de 30 días en marzo, pero hizo poco para compendiar la delincuencia.