Un magistrado federal dictaminó el viernes que la establecimiento Trump no puede imponer condiciones a las subvenciones que financian esfuerzos para combatir la violencia doméstica, incluida la prohibición de que los grupos promuevan la variedad, la equidad y la inclusión o proporcionen medios para el feto.
La jueza del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos, Melissa DuBose, en Providence, Rhode Island, aceptó una moción presentada por 17 coaliciones estatales contra la violencia doméstica y sexual para una orden legislativo preliminar, que impide que la establecimiento Trump haga cumplir sus condiciones mientras se desarrolla la demanda.
“Sin una reparación preliminar, los demandantes enfrentarán un daño irreparable que interrumpirá los servicios vitales para las víctimas de la yerro de vivienda y de la violencia doméstica y sexual”, escribió DuBose en su parecer. “Por el contrario, si se concede una reparación preliminar, los demandados simplemente tendrán que retornar a considerar las solicitudes de subvención y otorgar fondos como lo harían normalmente”.
DuBose, sin requisa, fue más allá en el difusión de su parecer. Ella dictaminó que la valor que impedía estas condiciones de subvención iba más allá de los demandantes y se aplicará a cualquiera que solicite capital distribuido por el Sección de Vivienda y Expansión Urbano de EE.UU. y el Sección de Vitalidad y Servicios Humanos de EE.UU.
“Las organizaciones que atienden a sobrevivientes de violencia doméstica y asalto sexual, jóvenes LGBTQ+ y personas sin hogar no deberían hallarse obligadas a desistir su trabajo, borrar las identidades de aquellos a quienes sirven o comprometer sus títulos solo para amparar sus puertas abiertas”, dijo en un comunicado Skye Perryman, presidenta y directora ejecutiva de Democracy Forward, que fue uno de los grupos que representa a los demandantes. “Esta política ilegal y dañina antepone los esquemas extremos a la dignidad y seguridad de las personas al restringir el apoyo federal esencial”.
Emily Martin, directora de programas del Centro Doméstico de Derecho de la Mujer, una de las cinco organizaciones que representan a las coaliciones, además celebró el parecer.
“Cuando esta establecimiento afirma estar atacando la ‘DEI ilegal’ y la ‘ideología de artículos’, lo que efectivamente está tratando de hacer es despojar de los servicios que salvan vidas a los sobrevivientes de violencia sexual y violencia doméstica, a los jóvenes LGBTQ+ y a las personas sin hogar”, dijo Martin. “La orden de hoy deja claro que estas subvenciones federales existen para servir a las personas necesitadas, no para promover una memorándum política regresiva”.
Ni HUD ni HHS respondieron a una solicitud de comentarios.
En su demanda de julio, los grupos dijeron que la establecimiento Trump los estaba poniendo en una posición difícil.
Si no solicitan capital federal asignado bajo la Ley de Violencia contra las Mujeres de 1994, es posible que no puedan proporcionar centros de crisis por violación, refugios para mujeres maltratadas y otros programas para apoyar a las víctimas de violencia doméstica y asalto sexual. Pero si los grupos se postulan, dijeron que se verían obligados a “cambiar fundamentalmente su programación, desistir los métodos y programas de extensión diseñados para servir mejor a sus comunidades y pasar el peligro de exponerse a una responsabilidad ruinosa”.
Los grupos que demandan, incluidas organizaciones que luchan contra la violencia doméstica desde California hasta Rhode Island, argumentan que las condiciones violan la Primera Reparación. Además argumentan que las condiciones violan la Ley de Procedimiento Chupatintas al exceder la autoridad de los acusados al “en algunos casos entrar en conflicto directo con la ley vivo o no seguir el procedimiento requerido”.
El gobierno argumenta que el asunto tiene que ver con pagos a estos grupos y, como tal, debería ser manejado por el Tribunal Federal de Reclamaciones.
Incluso si el argumento de la competencia error, el gobierno argumenta que las agencias federales pueden imponer condiciones a la financiación que “promuevan ciertas políticas y prioridades consistentes con la autoridad proporcionada por los estatutos del software de subvenciones”.
“Ambas agencias han obligado durante mucho tiempo el cumplimiento de la ley federal contra la discriminación como condición para tomar una subvención federal”, escribió el gobierno en documentos judiciales.
Otro magistrado de Rhode Island concedió en agosto una orden legislativo preliminar que involucraba a algunos de los mismos grupos en una demanda contra el Sección de Equidad.